El gobierno de Joe Biden puede seguir aplicando un programa que permite la entrada en Estados Unidos de un número limitado de migrantes de cuatro países por motivos humanitarios, después de que un juez federal desestimara el viernes un recurso interpuesto por estados con gobiernos republicanos.

El juez federal de distrito Drew B. Tipton dijo que Texas y otros 20 estados no habían demostrado haber sufrido perjuicios económicos a causa del programa de permiso condicional humanitario, conocido como parole, que permite la entrada en Estados Unidos de hasta 30.000 solicitantes de asilo al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en conjunto. Eso era algo que los estados necesitaban demostrar para tener capacidad legal para presentar la demanda.

En enero de 2023 los fiscales generales de Texas y otros 19 estados —incluidos Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky— demandaron al gobierno Biden argumentando que el programa permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EEUU que ya están “sobrecargadas” y los obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública.

Los defensores del gobierno federal replicaron que los migrantes admitidos al amparo de esta política ayudaban a paliar la escasez de mano de obra agrícola en Estados Unidos.

La Casa Blanca acogió con satisfacción el fallo.

Desde que el programa comenzó a finales de 2022 y hasta el pasado mes de enero, más de 357.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han recibido un permiso condicional humanitario y se les ha permitido ingresar a Estados Unidos. Los haitianos han sido por mucho los que más han usado el programa: han llegado 138.000 personas de ese país. Después de ellos se ubican 86.000 venezolanos, 74.000 cubanos y 58.000 nicaragüenses.

Los migrantes deben presentar una solicitud en línea, llegar en avión y tener un patrocinador financiero en Estados Unidos. Si se aprueba su ingreso, pueden quedarse dos años y obtener un permiso de trabajo.