Un grupo integrado por nueve estados gobernados por republicanos pidieron este martes a un juez federal del sur de Texas que anule una norma del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012 (DACA) que protege a poco más de 600,000 dreamers, inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de forma irregular antes de cumplir los 16 años.

Se trata de un nuevo desafío desde las filas republicanas a una política de la era Obama con el cual se pretende eliminar las protecciones que impiden la deportación y otorgan una autorización temporal de empleo que esos inmigrantes tienen que renovar cada dos años.

Aunque en la demanda los republicanos hablan de 800,000 dreamers, ese es el número que originalmente se acogió al programa, en 2012. Sin embargo, después de que muchos lo abandonaran por diversas causas, en la actualidad son unos 600,000, además de 82,000 solicitudes que no han sido procesadas.

El año pasado, el gobierno de Joe Biden anunció una norma conocida como Regla Final para «preservar y fortalecer» el programa DACA ante los continuos desafíos legales provenientes desde las filas republicanas. La norma, que según el gobierno corrige los defectos del plan original y deja sin efecto los argumentos de las demandas, entró en vigor el 31 de octubre pasado.

Los estados demandantes esta vez, Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi, argumentan que dicha norma es «ilegal» porque sobrepasa el «alcance del poder Ejecutivo».

«La regla final -como la última manifestación del programa DACA- es sustancialmente ilegal por las mismas razones que el Memorando DACA de 2021», alegan. «La Corte debe declararla ilegal e inconstitucional, anularla en su totalidad y prohibir permanentemente su implementación (con una transición prudente para los actuales beneficiarios de DACA)», señala el documento judicial.