Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las autoridades migratorias del país se han dado a la tarea de perseguir y acorralar a inmigrantes indocumentados. Según cifras oficiales, más de 142.000 personas han sido deportadas en los primeros 100 días de la Administración Trump. “Es solo el comienzo”, han advertido, pero las acciones de las autoridades no han estado libres de obstáculos.

Si bien la agencia tributaria y el servicio postal decidieron colaborar en las últimas semanas suministrando información de extranjeros en situación irregular; el impulso de la agenda migratoria del republicano se ha visto interrumpido por la acción de los tribunales y la negativa de las ciudades santuario a participar con sus policías en redadas masivas. El Departamento de Seguridad Nacional ha respondido con una fuerte campaña para promover la autodeportación y Trump ofrece hasta 1.000 dólares como incentivo para todos los que lo hagan. El éxito de los planes del mandatario sigue en manos de los Estados, sus sistemas internos de aplicación de la ley y de justicia penal, y su disposición de colaborar o no con las agencias federales en la tarea de cazar y deportar inmigrantes sin documentos.

Algunos territorios de tendencia republicana se han enfilado agresivamente hacia este objetivo con sus propias legislaciones. El Senado de Texas, por ejemplo, aprobó a comienzos de abril un proyecto de ley que obligará a los sheriffs de todos los condados con más de 100.000 habitantes a firmar acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Florida también ha hecho lo propio con la promulgación de una nueva ley en la materia, que los expertos no han dudado en catalogar como la más severa del país. El año pasado, Iowa, Luisiana y Oklahoma también trabajaron en la creación de mecanismos estatales de deportación y delitos referidos a los inmigrantes sin papeles, aunque varias de estas leyes han sido frenadas por los tribunales federales.

Los Estados con las leyes más protectoras

Son dos los territorios que tienen las leyes más sólidas en la protección de los inmigrantes: Oregón (4,3) e Illinois (4,3). Otros tres también tienen estatutos santuario bastante amplios: California (3,95), Nueva Jersey (4,05) y Washington (4,05).

En estos territorios, las fuerzas del orden locales no participan en las deportaciones, y las comunidades de inmigrantes suelen estar mejor integradas. Sus hijos tienen menos probabilidades de vivir con el temor de perder a uno de sus padres ante una deportación, el acceso a la justicia está protegido, y los índices de delincuencia disminuyen, según la investigación del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. Cuando en enero pasado, ICE ejecutó una primera redada en Chicago, una de las mayores ciudades santuario del país, las autoridades demócratas del Estado se negaron a participar en el operativo.

Los Estados con leyes defensoras de la inmigración

Son cuatro: Colorado (3,35), Connecticut (3,5), Maryland (3,25) y Vermont (3,55). Todos han promulgado protecciones para la población migrante y contra la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Los Estados medianamente protectores de la inmigración

En este capítulo caen Nueva York (3,1) y Rhode Island (3,1). Ambos han dado pasos para reducir la aplicación de las leyes de inmigración. Sin embargo, el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, se ha mostrado a favor de colaborar con los planes de Trump a cambio de que este le ayude con sus problemas legales (el funcionario está acusado de corrupción), provocando un histórico cambio de la política migratoria de la ciudad.

Los Estados colaboracionistas con ICE

Son Arizona (2,65), Arkansas (2,7), Idaho (2,7), Indiana (2,75), Kansas (2,8), Luisiana (2,45), Misisipi (2,95), Misuri (2,95), Montana (2,9), Carolina del Norte (2,85), Dakota del Norte (2,95), Oklahoma (2,9) y Carolina del Sur (2,65). Estos territorios han promulgado leyes que obligan a los organismos locales a participar en cierta medida en la aplicación de las leyes de inmigración y favoreciendo la agenda migratoria de Trump.

Los Estados con leyes antisantuario

Aquí caen Alabama (2,4) y Tennessee (2,55). Dos estados con amplias leyes antisantuario e importantes efectos negativos para sus residentes inmigrantes.

Los Estados con las leyes más perjudiciales para la inmigración

Cinco regiones tienen las leyes antisantuario más agresivas del país, obligando a los organismos locales a implicarse significativamente en la deportación de los residentes indocumentados: Florida (1,95), Georgia (2,55), Iowa (2,05), Texas (1,95) y West Virginia (2,4). Aunque varias de estas legislaciones han sido fuertemente limitadas por decisiones de los tribunales federales, muchas de sus repercusiones siguen vigentes.

El informe del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes señala que “la participación local en la aplicación de la ley de inmigración convierte a las agencias locales en la puerta de entrada a la deportación, coopta recursos locales con fines cuestionables y discriminatorios, despoja a las comunidades de cualquier sensación de seguridad y socava el Estado de derecho”.

Los Estados sin legislación en la materia

Se trata de Alaska, Hawái, Nevada, Utah, Nuevo México, Wyoming, Dakota del Sur, Nebraska, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ohio, Kentucky, Pensilvania, Virginia, Delaware, Massachusetts, New Hampshire y Maine. Todos tienen una puntuación de 3.

Estos territorios que no han promulgado ninguna ley relativa a la aplicación de las leyes de inmigración prestan, sin embargo, “una ayuda innecesaria, a veces ilegal e inconstitucional, al ICE”, asegura el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.