La Corte Suprema accedió el jueves a revisar la política del presidente Donald Trump de imponer la detención obligatoria —sin audiencias para fijar fianza— a las personas que ingresaron al país ilegalmente, abordando así una de las medidas más agresivas y polémicas de la administración para endurecer las políticas migratorias.

Al admitir a trámite un recurso sobre la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el alto tribunal convierte nuevamente la inmigración en un tema central de su nuevo periodo de sesiones, que comienza la próxima semana. La Corte ya está examinando un recurso electoral importante relativo a las políticas estatales para combatir el voto de personas que no son ciudadanas.

Tras regresar al poder en 2025, Trump rompió con décadas de prácticas anteriores, incluidas las de su primer período, y reinterpretó una ley de inmigración promulgada por el Congreso en la década de 1990 para determinar que las personas que se encuentran ilegalmente en el país deben quedar sujetas a detención obligatoria sin derecho a audiencias de fianza.

Como consecuencia de este cambio, las autoridades migratorias han registrado un aumento drástico en el número de migrantes detenidos: la cifra pasó de algo menos de 38.000 al final de la administración Biden a más de 65.000 el verano pasado.

El cambio de política de Trump impulsó a miles de inmigrantes detenidos en redadas del ICE a presentar peticiones de hábeas corpus en tribunales federales de todo el país para impugnar su detención.

El caso que admitió el tribunal gira en torno a un ciudadano brasileño que ingresó ilegalmente a Estados Unidos alrededor de 2004 o 2005, según consta en los registros judiciales. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo contactó durante un control de tráfico en Massachusetts el año pasado.

El Departamento de Justicia le había solicitado a la Corte Suprema que revisara otra de sus apelaciones sobre el mismo tema, en lugar de la que había admitido.

Los opositores al Gobierno afirman que muchos de los inmigrantes detenidos han estado viviendo en Estados Unidos durante años o décadas, a menudo con hijos que son ciudadanos estadounidenses.

Es probable que el Tribunal Supremo escuche los argumentos en el caso Rhoney contra Barbosa Da Cunha a principios del próximo año y emita un fallo a finales de junio.

En esencia, las cuestiones legales se reducen a dos disposiciones de la ley federal de inmigración. Una de ellas establece que los migrantes arrestados pueden permanecer detenidos mientras se resuelve su proceso de deportación y pueden ser puestos en libertad bajo fianza durante dicho proceso. Esta disposición se ha interpretado tradicionalmente como una forma de otorgar flexibilidad a los funcionarios de inmigración respecto a quiénes deben ser detenidos.

Pero otra disposición establece que “en el caso de un extranjero que solicita admisión”, los funcionarios “deberán” detener a ese inmigrante si los oficiales de inmigración determinan que la persona “no tiene derecho a ser admitida de manera clara e indudable”.

Los opositores de Trump afirman que la segunda cláusula, que impone la detención, se ha aplicado tradicionalmente solo a los inmigrantes interceptados en la frontera, no a quienes han vivido en el interior del país durante años. El año pasado, la administración de Trump declaró que incluso los inmigrantes residentes de larga data serían considerados como personas que “solicitan admisión” y, por lo tanto, estarían sujetos a un enfoque más estricto.

A principios de esta semana, el tribunal admitió a trámite otro caso importante de inmigración relacionado con la política de la administración de Trump de deportar a ciertos inmigrantes a países distintos de su lugar de origen. Se han planteado preocupaciones sobre derechos humanos respecto a algunos de esos países.

A pesar del voto disidente de los tres magistrados liberales, el tribunal permitió que continuaran las deportaciones mientras examina las cuestiones legales subyacentes planteadas en la apelación del Departamento de Justicia. Los tribunales inferiores determinaron que la política violaba una ley federal que exige que los migrantes que enfrentan la deportación a los llamados “terceros países” puedan presentar demandas individuales alegando que podrían ser torturados en esos países.