La decisión de la Corte Suprema de Justicia este viernes de impedir que se reanuden las deportaciones expeditas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 de un grupo de inmigrantes venezolanos en Texas supone una notable pérdida para el gobierno de Donald Trump.

El alto tribunal rechazó la apelación del Ejecutivo con la que aspiraba poder continuar con las deportaciones expeditas de venezolanos bajo esta ley de guerra del siglo XVIII, capacidad que le ha sido bloqueada por decisiones de cortes inferiores.

Con dos votos en contra, el de los conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas, los jueces resolvieron la apelación de emergencia presentada por los abogados de inmigrantes venezolanos señalados por la Casa Blanca de pertenecer a pandillas.

Pese a que no han sido acusados formalmente ni mucho menos condenados, el gobierno considera que esta designación los hace elegibles para una expulsión rápida de Estados Unidos bajo la ley de 1798.

¿Qué supone la decisión de la Corte Suprema sobre la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros?

La decisión de la Corte Suprema es temporal, por lo que la batalla legal sobre la invocación de esta ley continúa en múltiples tribunales.

De hecho, los magistrados devolvieron ahora el caso para su revisión al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU, con sede en Nueva Orleans.

El objetivo es que decida sobre cuestiones subyacentes como si la medida puesta en marcha por Trump es legal y con cuánta antelación deben ser notificados los inmigrantes afectados antes de ser efectivamente deportados.

“El fallo de hoy extiende efectivamente la congelación temporal que los jueces impusieron a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros del Distrito Norte de Texas el 19 de abril”, declaró a CNN Steve Vladeck, analista y profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown.

Tal y como destaca este medio, dado que los tribunales inferiores han bloqueado el uso de la ley en todos los demás distritos en los que el presidente ha intentado invocarla, esto significa en la práctica que se están suspendiendo todas las destituciones bajo la ley hasta que el Quinto Circuito —y, presumiblemente, la propia Corte Suprema— resuelvan de forma concluyente si son legales y con cuánta antelación debe serles notificado a los inmigrantes afectados.

En una declaración concurrente, el juez de la corte Brett M. Kavanaugh afirmó que la orden de este viernes “simplemente garantiza que el Poder Judicial pueda decidir si estos detenidos venezolanos pueden ser expulsados legalmente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros antes de que sean deportados”.