El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, como parte de sus promesas de campaña destinadas a restringir la inmigración y redefinir lo que significa ser estadounidense.

«Es ridículo. Somos el único país en el mundo que hace esto con el derecho de nacimiento«, declaró el presidente durante su primer día de gobierno, lo cual no es cierto.

La orden, que se aplicaría a los niños nacidos después de 30 días de la medida, se aplica en circunstancias en las que los padres están presentes y sean indocumentados en los EEUU, y en situaciones en las que la madre está temporalmente en los EEUU, como con una visa, y el padre es un «no ciudadano» de Estados Unidos.

«Requiere que los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, el fiscal general y el comisionado de la Administración de la Seguridad Social, como principales distribuidores y custodios de los materiales de identificación y las prestaciones relacionadas con la ciudadanía, tomen todas las medidas apropiadas de aplicación y cumplimiento», dice una hoja informativa de la orden.

Sin embargo, cualquier intento de detener esta política se enfrentaría a grandes obstáculos legales.

¿Por qué sería difícil eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento?

La ciudadanía por derecho de nacimiento significa que cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense.

Está vigente desde hace décadas e incluye a los hijos de personas que se encuentran en el país ilegalmente o que se encuentran en Estados Unidos con una visa de turista o estudiante y planean regresar a su país de origen.

No es una práctica habitual en todos los países, y Trump y sus partidarios han argumentado que se está abusando del sistema y que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense.

Pero otros dicen que se trata de un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que sería extremadamente difícil revocarlo y que, incluso si fuera posible, sería una mala idea.

Qué obstáculos podría enfrentar el plan de Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento

Trump no fue claro en su entrevista del domingo sobre cómo pretende acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Cuando se le preguntó cómo podría eludir la Enmienda 14 con una orden ejecutiva, Trump dijo: “Bueno, vamos a tener que cambiarla. Tal vez tengamos que recurrir a la gente, pero tenemos que acabar con ella”. Cuando se le insistió más sobre si utilizaría un decreto, Trump dijo: “Si podemos, a través de una orden ejecutiva”.

Es casi seguro que esto acabará en litigio.

Alex Nowrasteh, vicepresidente de estudios de política económica y social del Instituto Cato, un grupo de estudios a favor de la inmigración, dijo que la ley es clara en cuanto a que la ciudadanía por derecho de nacimiento no puede terminarse mediante una orden ejecutiva, pero que Trump puede estar inclinado a intentarlo de todos modos en las cortes.

¿Qué dice la Enmienda 14 sobre la ciudadanía por nacimiento?

Después de la Guerra Civil, el Congreso ratificó la Enmienda 14 en julio de 1868. Esa enmienda garantizó la ciudadanía para todos, incluida la población negra recién emancipada.

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”, dice la Enmienda 14. “Ningún Estado promulgará ni aplicará ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos”.

Pero dicha enmieda no siempre se tradujo en que a todos se les otorgara la ciudadanía por derecho de nacimiento. Por ejemplo, no fue hasta 1924 que el Congreso finalmente otorgó la ciudadanía a todos los nativos americanos nacidos en EEUU.

Un caso clave en la historia de la ciudadanía por derecho de nacimiento se produjo en 1898, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Wong Kim Ark, nacido en San Francisco de padres inmigrantes chinos, era ciudadano estadounidense porque había nacido en ese estado.

El gobierno federal había intentado negarle el reingreso al condado después de un viaje al extranjero con el argumento de que no era ciudadano según la Ley de Exclusión de los Chinos.