Numerosas empleadas indocumentadas del sur de la Florida salieron este fin de semana a las calles de Miami para protestar contra la nueva ley SB 1718 que castiga la migración irregular.

Hace más de 20 años que Bertha Sanles abandonó su Nicaragua natal para emprender un viaje que le cambiaría la vida para siempre. Llegó al sur de la Florida como turista y decidió quedarse, tal y como ella tenía planeado. Quería una vida mejor y en su país, la inseguridad y la incertidumbre económica estaban a la orden del día. Desde entonces vive en Miami sin papeles que acrediten un estatus legal y trabaja como empleada doméstica.

Sanles es una de las afectadas por la ley SB 1718 que ha firmado el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y que entrará en vigor el próximo 1 de julio. La medida obliga, entre otras cosas, a utilizar el sistema E-Verify para certificar el estatus legal de los empleados, castiga con hasta 15 años de prisión a quienes transporten a indocumentados a Florida e invalida las tarjetas de identificación de otros estados que, como Nueva York, otorgan a indocumentados.

Pese a ese miedo que, según ella, ha sembrado la nueva legislación de Florida, ella participa activamente de las marchas y concentraciones que se han estado llevando a cabo en el estado desde que se supo que esta ley entraría en vigor el próximo 1 de julio.

La postura del gobernador

El gobernador de Florida, sin embargo, insiste en que esta medida tiene como objetivo luchar contra el tráfico humano y frenar los flujos migratorios provocados, según él, por las políticas de la Casa Blanca en la frontera sur con México.

DeSantis, uno de los principales contendientes en la lucha por las primarias republicanas, que lidera el expresidente Donald Trump, ha hecho de la seguridad fronteriza un foco de su campaña, acusando al gobierno del presidente Joe Biden de políticas de inmigración permisivas.