El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dio un paso más en su estrategia de control migratorio al implementar un sistema de vigilancia digital a gran escala que permitirá rastrear la actividad en redes sociales y otras plataformas en línea de personas bajo investigación o proceso de deportación.

El programa, revelado a través del portal federal SAM.gov, corresponde a un nuevo contrato de análisis y monitoreo de fuentes abiertas (Open-Source Intelligence) destinado a fortalecer la capacidad de investigación del organismo. 

Esta contratación, registrada bajo el código NCATC-PERC-IRDA-2025, involucra a dos centros clave de operaciones: el National Criminal Analysis and Targeting Center (NCATC), ubicado en Williston, Vermont, y el Pacific Enforcement Response Center (PERC), con sede en Santa Ana, California.

Un sistema que rastreará redes sociales y bases de datos

De acuerdo con los documentos públicos del contrato, ICE busca empresas especializadas en inteligencia y análisis de datos digitales para proporcionar servicios de investigación avanzada, monitoreo de redes sociales, y recolección de información en línea. 

El objetivo es identificar patrones de comportamiento, ubicaciones, contactos y posibles vínculos delictivos entre los migrantes en proceso de revisión migratoria.

La medida despertó inquietud entre organizaciones de derechos civiles. Según la Electronic Frontier Foundation (EFF), el proyecto podría ampliar la vigilancia masiva a comunidades migrantes.

“El uso de datos abiertos para fines de deportación puede generar errores, sesgos y violaciones a la libertad de expresión”, advirtió la analista Jennifer Lynch, especialista en privacidad digital de la EFF, en diálogo con The Guardian.

Sin embargo, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendieron la iniciativa argumentando que busca “prevenir amenazas y garantizar la seguridad pública mediante herramientas de análisis moderno”.

El contrato contempla la utilización de software capaz de cruzar información entre redes sociales, bases de datos públicas y reportes de inteligencia. 

Estas herramientas permitirán al ICE identificar perfiles en plataformas como Facebook, X, Instagram y TikTok, además de rastrear publicaciones geolocalizadas.

El anuncio se da en un contexto de tensión por los operativos de deportación masiva ordenados por el gobierno de Donald Trump. 

Mientras la Casa Blanca sostiene que se trata de una medida necesaria para aplicar la ley migratoria, grupos defensores advierten que el monitoreo digital podría criminalizar a migrantes sin antecedentes penales.

A pesar de las críticas, el contrato seguirá vigente al menos hasta noviembre de 2025, con posibilidad de extensión. Con esta iniciativa, ICE refuerza su control sobre los flujos migratorios internos y consolida un modelo de vigilancia tecnológica sin fronteras físicas.