La Corte Suprema decidió el martes no intervenir en una disputa sobre una normativa migratoria del gobierno del entonces presidente Joe Biden que permitía a los jueces de inmigración suspender ciertos procesos de deportación.

El alto tribunal rechazó una solicitud presentada por ciudades gobernadas por demócratas, las cuales argumentan que dicha norma —que debería ser restablecida— se utilizaba para ayudar a víctimas de delitos y a menores en situación de desamparo.

Texas y el gobierno de Donald Trump acordaron una orden judicial que bloqueó la normativa después de que el estado presentara una demanda.

Texas argumentó que esta práctica, denominada «cierre administrativo», se amplió considerablemente durante el mandato del expresidente Joe Biden, permitiendo, en la práctica, que las personas permanecieran en el país de forma indefinida.

Las ciudades de Baltimore, Columbus (Ohio) y New Haven (Connecticut), junto con la organización jurídica Centro Legal de la Raza, habían solicitado unirse al caso para defender la normativa.

Tras la negativa de un juez a permitir su intervención, presentaron un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.

Representados por la organización Democracy Forward, argumentaron que Texas y el gobierno de Trump colaboraron para lograr que la normativa fuera bloqueada permanentemente por la vía judicial, eludiendo así el proceso público de creación de normas.

El Departamento de Justicia instó a los magistrados a rechazar el recurso, señalando que las ciudades carecían de legitimación jurídica para impugnar el acuerdo y que no habían demostrado que fueran a sufrir un perjuicio legal inmediato.