El presidente Donald Trump ha popularizado teorías jurídicas antes consideradas impensables para justificar sus políticas de inmigración.

Poco después de que la Corte Suprema anunciara en abril que estudiaría la congelación a escala nacional de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump por la que se ponía fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el mandatario habló alegremente con los periodistas en el Despacho Oval.

Trump no es el único que se muestra irritado por estas órdenes. Tanto presidentes demócratas como republicanos se han quejado de lo que consideran jueces “activistas”.

Pero una pregunta clave para la Corte Suprema –y una dinámica importante a observar este jueves– es si una mayoría de jueces está preparada para abordar esa cuestión más técnica con una decisión que podría, en efecto, permitir al Gobierno cambiar la forma en que se ha entendido la ciudadanía por derecho de nacimiento durante más de un siglo.

La garantía de la Enmienda 14 de que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos” son ciudadanos fue ratificada en 1868, una respuesta a la infame decisión Dred Scott de la Corte Suprema que sostuvo que los afroamericanos no eran ciudadanos.

Esto es lo que hay que tener en cuenta este jueves:

Procedimiento vs. práctica

Desde que la Corte Suprema acordó el mes pasado escuchar argumentos en la disputa sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, ha habido un debate acalorado sobre qué, exactamente, discutirán los jueces durante más de una hora.

A primera vista, la apelación de emergencia, que Trump presentó en marzo, trata sobre si los tribunales inferiores excedieron su poder al impedir que Trump hiciera cumplir su decreto sobre la ciudadanía a nivel nacional.

Tales órdenes, dijo el Departamento de Justicia a los jueces en una serie de informes, han “alcanzado proporciones epidémicas” y “dañan irreparablemente nuestro sistema de poderes separados”.

Pero los grupos de derechos de los inmigrantes, los estados demandantes y muchos académicos predicen que será difícil separar por completo las cuestiones procesales de las implicaciones prácticas. Esto se debe a que el impacto práctico de una victoria de Trump es potencialmente enorme.

Si Trump obtiene todo lo que solicita de la Corte Suprema, la administración podría efectivamente hacer cumplir su orden de ciudadanía por nacimiento contra todos los residentes del país, excepto 18 personas, al menos a corto plazo. Esto requeriría potencialmente que cientos de miles de personas demandaran a la administración individualmente, o podría obligar a grupos de derechos de los inmigrantes a intentar presentar una demanda colectiva.

Algunos expertos creen que esas posibilidades pueden estar presentes en la mente de algunos de los jueces.

“Me decepcionaré si el tribunal no revela sus intenciones, hasta cierto punto”, dijo Vikram Amar, profesor de la Facultad de Derecho de la UC Davis.

“Una forma de lograrlo”, dijo, “es enviar una señal clara a la administración de que es poco probable que esta orden se implemente, incluso si no van a emitir un fallo formal al respecto ahora mismo”.

Un aspecto clave a observar será en qué medida los jueces plantean preguntas sobre el impacto en el mundo real de la solicitud de Trump, lo que podría ser un indicio de que ellos también están pensando en el caso en términos más amplios.