Tras casi un año y medio de negociaciones entre el gobierno y un grupo de demandantes integrado por beneficiarios del Programa de Estatus de Protección Temporal, las conversaciones de conciliación de desmoronaron el martes dejando a más de 260,000 indocumentados protegidos por razones humanitarias al borde de la deportación de EEUU.

Tras 16 meses de negociaciones entre el gobierno de Joe Biden y un grupo de demandantes integrado por beneficiarios del Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus hijos ciudadanos estadounidenses, las conversaciones de conciliación de desmoronaron el martes dejando a unos 260,000 inmigrantes al borde de la deportación de Estados Unidos.

“Cientos de miles de personas han tenido protección humanitaria en Estados Unidos durante más de dos décadas”, dijo EmicMacLean, abogada sénior de la Union Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California que representa a los demandantes.

“Que corran el riesgo de ser arrancados de sus comunidades y familias es cruel e injusto. El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer la eliminación racista de TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares de TPS”, agregó.

MacLean dijo además que “los titulares de TPS y sus familias no deberían estar en el limbo ni un día más”.

El programa humanitario otorga un amparo de deportación y una autorización de empleo temporal renovable cada dos años mientras dura la protección, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Fracasaron las negociaciones

Este miércoles ACLU dijo que las conversaciones de conciliación “colapsaron oficialmente ayer por la tarde, dejando a más de 260,000 personas en riesgo de deportación”.

La demanda fue presentada por primera vez en 2018 después de que Trump revocara las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras. Aunque desde entonces la administración Biden ha re-designado el estatus de Haití y Sudán, la Casa Blanca no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países, situación que genera honda preocupación.

A través de la demanda de Ramos v. Mayorkas, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa hechas por Trump eran “ilegales” y motivadas por intenciones “racistas”.

Sin embargo, explica ACLU, en septiembre de 2020 un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito revocó la orden del tribunal inferior. “Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el Noveno Circuito en pleno sigue pendiente”, indicó.